La Justicia fijó para abril de 2027 el juicio oral por la explosión ocurrida en el Instituto Comercial de Rancagua durante una demostración de ciencias. El profesor de Química y la directora del establecimiento serán juzgados por estrago culposo agravado y lesiones, mientras que una inspectora quedó desvinculada de la causa. Juicio oral por la explosión en el Instituto de Rancagua La Secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino estableció que el debate se desarrollará entre el lunes 12 y el viernes 16 de abril de 2027 ante el Juzgado Correccional N° 2, a cargo del juez Alejandro Salguero. El proceso judicial buscará determinar las responsabilidades penales vinculadas con el episodio ocurrido durante una actividad educativa que terminó con varias personas heridas y consecuencias gravísimas para una niña que se encontraba entre los asistentes. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Tomás Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1. La acusación alcanza a un profesor de Química, de 46 años, y a la directora del establecimiento, de 48. Ambos fueron enviados a juicio acusados, según la requisitoria fiscal, por el delito de estrago culposo agravado y lesiones en concurso ideal. La acusación deberá ser analizada durante el debate y la responsabilidad penal todavía no fue determinada. Cómo ocurrió la explosión durante la feria de ciencias El hecho ocurrió el jueves 9 de octubre de 2025, cerca de las 21, en el edificio del Instituto Comercial de Rancagua, ubicado en Santa Ana 380. En ese momento se desarrollaba una actividad denominada “Feria de Ciencias Abierta”, en la que los estudiantes presentaban diferentes experiencias y trabajos. Durante la jornada se realizó una demostración de un volcán simulado en el patio del establecimiento. De acuerdo con la investigación, la construcción del dispositivo había sido dirigida por el profesor de Química junto con alumnos de quinto año. Las pericias incorporadas al expediente determinaron que el artefacto contaba con distintos componentes metálicos, entre ellos latas y tubos de hierro que habrían sido utilizados como parte de su estructura. Para generar el efecto de una erupción fueron utilizadas distintas sustancias químicas. La investigación fiscal puso especial atención en la manipulación de esos elementos y en las condiciones de seguridad existentes durante la demostración. La detonación se produjo de manera violenta y provocó que fragmentos metálicos fueran despedidos hacia las personas que se encontraban cerca. Además, la onda expansiva ocasionó la rotura de vidrios de puertas y ventanas. Catalina Maglio y las consecuencias de la explosión Entre las personas afectadas se encontraba Catalina Maglio, quien tenía 10 años al momento del hecho y sufrió las consecuencias más graves. La niña recibió el impacto de fragmentos y padeció heridas de extrema gravedad que derivaron en la pérdida de un órgano ocular y una afectación permanente de su capacidad visual. La gravedad de las lesiones también hizo que atravesara un delicado cuadro durante la atención médica posterior a la explosión. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los principales reclamos de justicia de su familia. Además de Catalina, otras personas resultaron heridas. De acuerdo con las constancias de la investigación, hubo víctimas con lesiones graves y otras que presentaron heridas de carácter leve. Para la Fiscalía, el episodio estuvo relacionado con presuntas conductas negligentes e imprudentes y con el incumplimiento de los deberes de cuidado que correspondían a los responsables de la actividad. Respecto del docente, la acusación sostiene que tuvo intervención directa en la preparación del dispositivo y que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para una experiencia de esas características. En cuanto a la directora, el Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad vinculada con la autorización de la actividad y con presuntas omisiones en materia de supervisión y seguridad. Entre los aspectos cuestionados aparece la falta de barreras físicas suficientes para separar el dispositivo de los espectadores. La inspectora quedó desvinculada de la causa La situación judicial de la inspectora de nivel secundario de la Dipregep es diferente. La Fiscalía solicitó su sobreseimiento al considerar que no existió una conducta de su parte que hubiera incrementado el riesgo jurídicamente permitido. Según la investigación, la inspectora no tenía entre sus funciones la supervisión específica del experimento químico y tampoco se encontraba presente en el establecimiento al momento de la explosión. Con el juicio fijado para abril de 2027, la causa ingresará en una etapa decisiva. Durante cinco jornadas, las partes podrán presentar sus argumentos y producir la prueba admitida para intentar establecer qué ocurrió aquella noche y si las conductas atribuidas al profesor y a la directora configuran los delitos por los que fueron enviados a juicio. El debate deberá determinar, a partir de la prueba que se incorpore y de los argumentos de las partes, si existieron responsabilidades penales por las graves consecuencias que dejó la explosión ocurrida durante aquella actividad educativa.   TAPA DEL DÍA